LA LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA

Hace cuarenta años , el 22 de julio de 1969, las Cortes franquistas aprobaron a propuesta del dictador Franco la designación de Juan Carlos de Borbón como su sucesor y garante de la continuidad y pervivencia del régimen dictatorial. Unas Cortes plagadas de uniformes militares, entre ellos el del mismo Juan Carlos, camisas azules falangistas, corbatas y pajaritas de los círculos bancarios y empresariales y sotanas de ancho vuelo, aceptaron al propuesto sucesor para garantizarse sus privilegiadas posiciones sociales nacidas del golpe militar fascista del año 1936.

Durante años Franco cuidó y formó a Juan Carlos de Borbón en la ideología fascistoide en la esperanza de que cumpliese su legado resumido en la frase "está todo atado y bien atado" y prolongase su dictadura . Sin embargo años antes el dictador dudó ... y a su alrededor se movieron intereses muy particulares para colocar al primo de Juan Carlos, Alfonso de Borbón, casado con la nieta del dictador, en la primera posición como heredero de la dictadura. Se decía que Juan Carlos de Borbón podría estar influenciado por las ideas monárquicas parlamentarias de su padre, Juan de Borbón, y que una vez establecido en el poder podría maniobrar en contra del Movimiento "inmóvil" alterando profundamente el estatus político de sus miembros.
La falta de una libertad de prensa, la censura política y social, y sobre todo la ausencia de partidos políticos democráticos, favorecieron la "rumorología", el "se dice" o "se cuenta" en los cerrados círculos políticos madrileños. En esos conciliábulos ultraconservadores se hablaba de la poca confianza que les inspiraba la figura de Juan Carlos de Borbón. Franco y su séquito lo sabían y para legitimar su designación entre los sectores más reacios del franquismo idearon el solemne juramento de Juan Carlos ante las Cortes como muestra de la lealtad del príncipe a la dictadura y su compromiso en la continuidad del Régimen.
Así, ante las Cortes franquistas Juan Carlos de Borbón aceptó el cargo se sucesor del dictador tras la muerte de éste con las siguientes palabras : "recibiendo de Su Excelencia la legitimidad política surgida del 18 de julio", jurando el cargo y los principios políticos del Movimiento Nacional.
Previamente el dictador, con su voz meliflua, ensalzó la figura del que proponía como su sucesor, "pues había ado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen", y que para que nadie se llamase a engaño el dictador no pretendía restaurar la monarquía que perdió el plebiscito de 1931 en favor de la República sino "instaurar una monarquía basada en los principios del 18 de julio de 1936".
Desde que juró Juan Carlos de Borbón su cargo como sucesor del dictador y los principios políticos que dieron lugar al golpe militar y posterior guerra civil, España vivió políticamente tiempos difíciles. Huelgas, represiones masivas de la sociedad, encarcelamientos y sentencias de muerte con sus ejecuciones, ocuparon los medios de comunicación social internacionales. Juan Carlos de Borbón en ningún momento alzó su voz ni alteró su postura en contra de la feroz agonía política del franquismo, ni aún cuando por enfermedad del dictador asumió plenos poderes políticos y militares durante ese tiempo. Por medida o por convencimiento personal prefirió estar a la sombra y dar por buena la indiscriminada represión fomentada por la criminal senilidad del dictador sobre el país. Este silencio opaco le sirvió a Juan Carlos para granjearse la voluntad de aquellos que querían continuar la dictadura tras la muerte del dictador y que le veían como un personaje fácilmente manipulable.
Dos aspectos importantes es preciso señalar de aquellos días.
El primero de ellos es el convencimiento que tenía el dictador Franco y su camarilla de que Juan Carlos de Borbón continuaría su Régimen dictatorial. No se le conoció veleidad democrática alguna ni en su juventud ni madurez y el hecho de que Franco lo ahijara para formarle política y personalmente en España mientras su padre permanecía en el exilio hizo creer a los dirigentes franquistas que su labor pedagógica había resultado un éxito.
El segundo aspecto es que se ofrecía Juan Carlos como heredero de un Régimen cuya legitimidad nacía en un golpe militar contra un gobierno democrático legalmente constituido y una guerra civil. No puso objección alguna el entonces príncipe en jurar y hacer cumplir las leyes nacidas de tan cruenta manera, dando por buenas las razones que sangraron a España durante tres años.
No es baladí este acontecimiento, porque nunca sometió a la consideración popular tras la muerte del dictador aquella designación "a dedo", y la legitimidad política que le alzó al trono.
Los círculos que apoyaron la dictadura veían en Juan Carlos la imagen modernizada del anterior Régimen, ya insalvable tras la muerte de Franco. El espejismo de la continuidad de la dictadura en los mismos términos que Franco la impuso y ejerció se esfumó en los años siguientes a su muerte.
El refrendo popular de la Constitución de 1978 incluyó a la monarquía como el sistema político que deseaban los españoles para el futuro aprobando la presencia y designación de Juan Carlos como monarca. De modo que España tiene una monarquía nacida en la dictadura franquista en la cual el rey no heredó la corona de su padre, legítimo sucesor como hijo del último monarca depuesto Alfonso XIII, sino de un dictador interpuesto de cuya obra nunca renegó.

SE ROMPE EL DIÁLOGO SOCIAL.

El presidente Rodriguez Zapatero convocó a empresarios (CEOE) y sindicatos (UGT y CC.OO) para que ambas partes del mundo laboral llegasen a un "acuerdo" amistoso ante la grave crisis económica española y mundial. La CEOE entendió el encuentro como la mejor ocasión para imponer sus tesis capitalistas a los representantes sindicales y al mismo gobierno. La rigidez de sus propuestas y la negativa a que fueran debatidas llevó al fracaso, en esta ocasión porque habrá otras, el llamado "diálogo social".
El despido libre y la rebaja de un 5% en las cotizacione empresariales a la Seguridad Social, han sido los puntos estrellas de la parte empresarial. Medidas que pondrían el mercado laboral en manos exclusivas del empresariado y facilitaría la quiebra de las pensiones del futuro cercano. El gobierno socialista no admitió la negativa de la CEOE a que fueran negociadas. Y cada uno a su casa.
La CEOE se siente fuerte. Conoce la necesidad de Rodriguez Zapatero de medidas prácticas que favorezcan la creación de empleo, y este aspecto sólo puede hacerse realidad contando con los empleadores, los capitalistas de la CEOE. Como también sabe de la ambigüedad y debilidad personal de Rodriguez Zapatero, un líder muy sensible a las presiones externas de los círculos económicos capitalistas. Fuerte y segura está la CEOE de que el presidente socialista les volverá a convocar y entonces sí que aceptará buena parte de su propuesta.
Los sindicatos UGT y CC.OO hace años que asumieron complacientes el nimio papel que el capitalismo liberal les ha ofrecido en el mundo laboral. A lo largo del tiempo han ido aceptando el marco capitalista en el mundo laboral, quedando para ellos parcelas cada vez menos decisivas y muchas veces marginales que para nada puedan alterar el señalado marco.
El gobierno de Rodriguez Zapatero ni sabe cómo afrontar la crisis ni siente la misma fuerza que la CEOE para imponer sus tesis. Porque no debemos olvidar que es misión del gobierno socialista encargarse de pilotar la salida de la crisis económica y no contentarse con una especie de papel arbitral entre las partes, impropio de quien debe tener como su misión fundamental gobernra para todos los españoles.
Esta Mesa del Diálogo Social nunca debéría haber tenido un carácter deliberativo sino meramente informativo a las partes del mundo laboral de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Guste o no a empresarios y sindicatos. Hay ocasiones, y ésta es una de ellas, en que el ciudadano debe sentir que hay un gobierno que gobierna y que apoya a la parte más débil, el trabajador, y no que tiene un presidente despistado y carente de liderazgo para enfrentarse a los causantes de la crisis económica, los financierosn, los banqueros y los empresarios.

LECCIÓN CHILENA A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Mientras en España la Ley de la Memoria Histórica naufraga en los despachos de jueces y fiscales poco proclives a que la sociedad española conozca los detalles de la represión franquista y su gobierno camina medroso sin saber a dónde ir ni por qué se ha puesto en marcha, Chile da pasos para limpiar su pasado represor y dar satisfación moral a las víctimas.
En España cada semana aparecen nuevas fosas comunes con fusilados de la posguerra civil. Se ha de suponer que los autores habrán muerto, por lo que no se trata de buscar responsabilidades individuales y sí, en cambio, de una restitución a los familiares de los restos humanos encontrados.
El derecho que tienen estos familiares a enterrar como crean conveniente a sus ancestros y a saber las circsutancias de su muerte debería primar sobre cualquier otra consideración, pero desgraciadamente no es así.
El franquismo pervive en ciertos círculos políticos, militares y sociales concretos, y se resiste a su revisión.
Por eso lo que viene sucediendo en Chile al autorizar un juez, Juan Eduardo Fuentes, la exhumación de los restos del cantautor Víctor Jara, asesinado durante los primeros días de la dictadura pinochetista, para aclarar si su muerte se debió a un sólo disparo o como consecuencia de un pelotón de fusilamiento es todo un ejemplo de justicia democrática. Al parecer las recientes declaraciones de un soldado de reemplazo testigo del asesinato han sido decisivas para reabrir la causa.
España es diferente.